Penalización del juego ilegal en línea en Perú: medidas y consecuencias en 2025
Con la entrada en vigencia de la Ley N.° 31557 y su reglamento operativo en febrero de 2024, el Estado peruano ha endurecido las sanciones contra el juego ilegal en línea, con el objetivo de proteger a los consumidores y garantizar una competencia justa en el mercado nacional. A partir de esta normativa, cualquier operador que ofrezca apuestas deportivas o juegos de casino online sin licencia certificada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) se considera ilegal y puede ser objeto de severas penalizaciones administrativas, financieras y penales.
Las sanciones establecidas incluyen multas que van desde 1 hasta 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), así como el bloqueo de plataformas digitales, decomiso de activos, suspensión de actividades, cancelación de licencias no autorizadas y prohibición de operar por hasta diez años. Asimismo, Mincetur está facultado a coordinar con Proveedores de Servicios de Internet (ISP), entidades bancarias y pasarelas de pago para bloquear accesos y transacciones asociadas a sitios no autorizados, lo que limita por completo su operatividad en el país.
Hasta mediados de 2025, el Gobierno ha reportado una reducción superior al 40 % en la oferta ilegal, principalmente por la identificación y cierre de páginas extranjeras que operaban sin permiso local. Este avance ha sido posible gracias a la colaboración entre Mincetur, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía de la Nación, quienes han priorizado el combate al lavado de activos, la evasión tributaria y la publicidad engañosa que suele acompañar a estas plataformas.
A futuro, la estrategia estatal se enfocará no solo en seguir desarticulando estas operaciones, sino también en promover el juego legal, seguro y responsable entre los usuarios. En este contexto, la penalización del juego ilegal en línea no solo es una herramienta sancionadora, sino parte de una política más amplia que busca fortalecer el mercado regulado y proteger a los jugadores peruanos frente a riesgos asociados al fraude, la manipulación de datos y la falta de garantías que caracterizan a los sitios clandestinos.